El conflicto entre el Sindicato de Camioneros y las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía Cervecerías Unidas), una de las principales firmas de bebidas y cervezas del país, sumó tensión en las últimas horas luego de que fracasara una audiencia virtual entre el gremio y representantes empresarios.
La organización sindical mantiene desde hace más de diez días medidas de fuerza bajo la modalidad de trabajo a reglamento y advirtió que podrían registrarse demoras en la distribución de bebidas si no aparecen respuestas a los reclamos salariales del sector.
La disputa está centrada en el pago del presentismo y en una mejora de los adicionales salariales para choferes y ayudantes que trabajan en empresas concesionarias vinculadas a la distribución de bebidas.
Desde Camioneros sostienen que existen diferencias entre los trabajadores contratados directamente por las compañías y aquellos que prestan servicios en distribuidoras externas, pese a realizar tareas similares.
Según denunciaron, en algunos casos el premio por asistencia se paga al personal de plantas y depósitos centrales, pero no alcanza a choferes y ayudantes tercerizados.
El secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, cuestionó con dureza la postura empresaria tras la audiencia sin acuerdo y acusó a las compañías de desatender “reclamos legítimos” de los trabajadores.
La continuidad de las medidas comenzó a generar preocupación en el sector por posibles complicaciones en la distribución de gaseosas, cervezas y aguas, especialmente en centros logísticos y concesionarios vinculados a las empresas alcanzadas por el conflicto.
La modalidad de protesta consiste en cumplir estrictamente las tareas contempladas en el convenio colectivo, sin realizar actividades extraordinarias ni flexibilizar tiempos operativos. Eso ralentiza los procesos de carga, descarga y reparto de mercadería.
Desde el sindicato advirtieron que, si no hay avances en la negociación, podrían registrarse faltantes o demoras en comercios y supermercados durante los próximos días.
El conflicto tiene especial incidencia en la provincia de Buenos Aires debido a la fuerte presencia de centros de distribución, depósitos logísticos y plantas vinculadas a las principales compañías de bebidas.
Además del AMBA, el reclamo podría impactar en distintos corredores de abastecimiento que distribuyen productos hacia supermercados, autoservicios y comercios de cercanía del interior bonaerense.