El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo paso en su plan de privatización de AySA al publicar el Decreto 493/2025, que modifica de manera sustancial el esquema legal bajo el cual opera la empresa. Por primera vez en casi dos décadas, se habilita el corte del suministro de agua potable a quienes no paguen el servicio.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, apunta a facilitar el ingreso de capital privado, reducir subsidios y optimizar la eficiencia de la compañía. Entre las principales reformas se destacan la autorización para usar ingresos propios como garantía ante inversores y la eliminación del carácter intransferible de las acciones estatales, lo que habilita una eventual venta parcial o total.

El decreto también reconfigura la relación entre los entes reguladores ERAS y APLA, crea un Plan Director con metas de expansión del servicio y establece un régimen de transición de cinco años para la nueva concesión.